Organizaciones impulsan etiquetado de alimentos transgénicos
A cartas vistas
Organizaciones impulsan etiquetado de alimentos transgénicos
La idea básica es el principio precautorio. Dado que la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados (GM) es una cuestión que está lejos de ser saldada, la propuesta apunta a que al menos los consumidores tengan la posibilidad de decidir si asumen o no ese riesgo potencial. La propuesta fue elaborada por un manojo de organizaciones1 que lo presentaron a la Comisión de Salud de diputados el pasado 2 de julio. Busca que los “alimentos, ingredientes y productos listos para el consumo elaborados con componentes genéticamente modificados destinados a la alimentación animal y humana” deban obligatoriamente ser identificados como tales.
En el decreto de julio de 2008 que creó el Gabinete Nacional de Bioseguridad como organismo encargado del análisis y liberación de eventos transgénicos en el país se estableció que este organismo “promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario ‘GM’ o ‘no GM’, aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificados”. El argumento manejado entonces era que el país no poseía la capacidad técnica para analizar todos los productos disponibles en las góndolas.
Lo que se impulsa ahora es que ese etiquetado deje de ser voluntario y pase a ser obligatorio, ya que el acceso a la información es derecho de los consumidores, “garantizándoles elegir con conocimiento de causa y contribuyendo a que las transacciones entre comprador y vendedor sean más justas”. Tal derecho a la información está amparado por la ley de defensa del consumidor la 17.250, del año 2000.
En el documento presentado se destaca que el etiquetado permitirá, a su vez, hacer un seguimiento más fino de los posibles efectos que los alimentos GM tengan en la salud o el ambiente, una vez comercializados.
La propuesta recoge el modelo utilizado en Europa, donde la identificación de los alimentos genéticamente modificados es obligatoria y el costo y la responsabilidad de ésta corren por cuenta de los operadores o proveedores, mientras que el Estado se responsabiliza del control y la inspección de los productos.
La chef Laura Rosano, corredactora de la propuesta y coordinadora del Slow
Food canario, comentó a Brecha que el proyecto fue bien recibido en la comisión. Así lo confirmaron Ivonne Pasada y Berta Sanseverino, ambas integrantes de la misma por el Frente Amplio. Se aprestan a comenzar una ronda de entrevistas con distintos actores gubernamentales vinculados a la temática, desde integrantes del Ministerio de Salud Pública, del de Ganadería y hasta del propio Gabinete de Bioseguridad, según comentaron las diputadas.
Rosano afirma que existe en el país la capacidad técnica para realizar este tipo de controles. De hecho, la próxima semana presentarán la propuesta a Pablo Anzalone, director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo. El laboratorio de bromatología de la IM es uno de esos centros que tendrían la capacidad técnica para llevar adelante los estudios requeridos. La Facultad de Ciencias también.
1. Las organizaciones que apoyan la propuesta son Slow Food, Redes Amigos de la Tierra, Retema, Sindicato Uruguayo de Nutrición, copau, procom, ceuta, Red de Agroecología, y Comercio Justo.
Fuente http://brecha.com.uy/index.php/sociedad/2129-a-cartas-vistas
Organizaciones impulsan etiquetado de alimentos transgénicos
La idea básica es el principio precautorio. Dado que la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados (GM) es una cuestión que está lejos de ser saldada, la propuesta apunta a que al menos los consumidores tengan la posibilidad de decidir si asumen o no ese riesgo potencial. La propuesta fue elaborada por un manojo de organizaciones1 que lo presentaron a la Comisión de Salud de diputados el pasado 2 de julio. Busca que los “alimentos, ingredientes y productos listos para el consumo elaborados con componentes genéticamente modificados destinados a la alimentación animal y humana” deban obligatoriamente ser identificados como tales.
En el decreto de julio de 2008 que creó el Gabinete Nacional de Bioseguridad como organismo encargado del análisis y liberación de eventos transgénicos en el país se estableció que este organismo “promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario ‘GM’ o ‘no GM’, aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificados”. El argumento manejado entonces era que el país no poseía la capacidad técnica para analizar todos los productos disponibles en las góndolas.
Lo que se impulsa ahora es que ese etiquetado deje de ser voluntario y pase a ser obligatorio, ya que el acceso a la información es derecho de los consumidores, “garantizándoles elegir con conocimiento de causa y contribuyendo a que las transacciones entre comprador y vendedor sean más justas”. Tal derecho a la información está amparado por la ley de defensa del consumidor la 17.250, del año 2000.
En el documento presentado se destaca que el etiquetado permitirá, a su vez, hacer un seguimiento más fino de los posibles efectos que los alimentos GM tengan en la salud o el ambiente, una vez comercializados.
La propuesta recoge el modelo utilizado en Europa, donde la identificación de los alimentos genéticamente modificados es obligatoria y el costo y la responsabilidad de ésta corren por cuenta de los operadores o proveedores, mientras que el Estado se responsabiliza del control y la inspección de los productos.
La chef Laura Rosano, corredactora de la propuesta y coordinadora del Slow
Food canario, comentó a Brecha que el proyecto fue bien recibido en la comisión. Así lo confirmaron Ivonne Pasada y Berta Sanseverino, ambas integrantes de la misma por el Frente Amplio. Se aprestan a comenzar una ronda de entrevistas con distintos actores gubernamentales vinculados a la temática, desde integrantes del Ministerio de Salud Pública, del de Ganadería y hasta del propio Gabinete de Bioseguridad, según comentaron las diputadas.
Rosano afirma que existe en el país la capacidad técnica para realizar este tipo de controles. De hecho, la próxima semana presentarán la propuesta a Pablo Anzalone, director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo. El laboratorio de bromatología de la IM es uno de esos centros que tendrían la capacidad técnica para llevar adelante los estudios requeridos. La Facultad de Ciencias también.
1. Las organizaciones que apoyan la propuesta son Slow Food, Redes Amigos de la Tierra, Retema, Sindicato Uruguayo de Nutrición, copau, procom, ceuta, Red de Agroecología, y Comercio Justo.
Fuente http://brecha.com.uy/index.php/sociedad/2129-a-cartas-vistas